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Reclamar una factura impagada: la negociación previa obligatoria

Desde abril de 2025, antes de demandar por una factura impagada hay que intentar negociar y poder probarlo. Qué vale, cómo se acredita y qué plazos abre.

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Desde el 3 de abril de 2025, antes de demandar a un cliente por una factura impagada hay que haber intentado negociar con él y poder demostrarlo: sin ese intento, el juzgado no admite la demanda. Basta una invitación escrita a negociar que identifique la deuda, siempre que pueda probarse que el deudor la recibió. Si en treinta días naturales no contesta, la vía judicial queda abierta, con un año para presentar la demanda.

De dónde sale la obligación

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, convirtió en requisito de procedibilidad (una condición sin la cual la demanda no se tramita) acudir antes a algún medio adecuado de solución de controversias, lo que se conoce como MASC (art. 5.1). La Ley de Enjuiciamiento Civil lo recoge en tres sitios: la demanda debe describir la negociación intentada (art. 399.3), debe acompañarse del documento que la acredita (art. 264.4.º) y no se admite si falta (art. 403.2).

Se aplica a los asuntos civiles y mercantiles, donde está la reclamación de facturas entre empresas (art. 3.1). Quedan fuera las materias laboral y concursal y los asuntos en que una de las partes pertenece al sector público (art. 3.2): la factura que no paga un ayuntamiento sigue otro camino, y la de un cliente en concurso se comunica a la administración concursal.

Qué cuenta como intento de negociación

La ley admite varias vías (arts. 5.1 y 14): la negociación directa entre las empresas o entre sus abogados, la mediación, la conciliación (ante notario, registrador, letrado de la Administración de Justicia o juez de paz), la opinión de un experto independiente y la oferta vinculante confidencial, que obliga a quien la hace si la otra parte la acepta y exige abogado por encima de 2.000 euros (arts. 6.2 y 17). Para una factura entre empresas, lo más sencillo suele ser la negociación directa, abierta con una invitación escrita del acreedor.

Hay una condición que se pasa por alto con facilidad: el objeto de la negociación debe coincidir con el del pleito (art. 5.1). Lo que se pida en la demanda puede variar sobre ese mismo objeto, pero si la invitación habló de dos facturas y la demanda reclama cinco, el intento puede no cubrir las otras tres. Por eso conviene que la invitación recoja todas las facturas vencidas del cliente, junto con los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro (40 euros como mínimo) que la Ley de morosidad reconoce al acreedor cuando el deudor incurre en mora (arts. 7 y 8 de la Ley 3/2004).

Cómo se acredita el intento

Lo ideal es un documento firmado por ambas partes que recoja el objeto de la controversia, las reuniones y la declaración de que las dos han negociado de buena fe. Si el deudor no colabora, basta cualquier documento que pruebe que recibió la invitación, en qué fecha y que pudo acceder a su contenido íntegro (art. 10.2).

No basta con haberla enviado: hay que poder demostrar la recepción y el contenido, y por eso el canal importa. La ley toma como referencia el domicilio del deudor o el medio electrónico que las partes usaban en sus relaciones (art. 7.1). El burofax con certificación de texto y acuse de recibo acredita la recepción, la fecha y el contenido; un correo electrónico corriente es más fácil de discutir si el deudor niega haberlo recibido. Si no se conoce el domicilio del deudor ni otro medio para localizarlo, la demanda puede acompañarse de una declaración responsable que lo explique (art. 264.4.º LEC).

Lo que se dice al negociar no sale de la negociación

La negociación es confidencial. Solo puede revelarse si las partes acudieron y cuál era el objeto de la controversia; las propuestas y lo que cada parte dijo no pueden aportarse después como prueba (art. 9). Eso tiene dos consecuencias para el acreedor.

La primera: conviene separar en dos escritos la invitación a negociar, que identifica la deuda y es la que se presentará al juzgado, y la propuesta de pago (un aplazamiento, un fraccionamiento, una quita). Así, el documento que abre la vía judicial no revela qué estaba dispuesta a ceder la empresa.

La segunda: si el deudor reconoce la deuda mientras se negocia, ese reconocimiento puede quedar cubierto por la confidencialidad. Las facturas, los albaranes y el contrato siguen probando la deuda, porque existían antes; pero si hay acuerdo, conviene que el reconocimiento y el calendario de pagos queden en el propio acuerdo firmado. Para poder ejecutarlo directamente si el deudor vuelve a fallar, tiene que elevarse a escritura pública (art. 13.2), y si el deudor no acude a la notaría, el acreedor puede otorgarla por sí solo (art. 12.3).

Los plazos que se ponen en marcha

La negociación se da por terminada sin acuerdo si pasan treinta días naturales desde que el deudor recibe la invitación sin respuesta escrita ni reunión, treinta días desde una propuesta concreta sin respuesta, tres meses desde la primera reunión sin acuerdo (salvo que las partes decidan seguir) o si una de ellas la da por terminada por escrito (art. 10.4). Desde ahí corre otro plazo: la demanda debe presentarse dentro del año siguiente a la recepción de la invitación, si no hubo respuesta, o a la terminación de la negociación (art. 7.3). Pasado ese año, habría que repetir el intento.

La invitación, si define bien su objeto, interrumpe además la prescripción de la acción desde que consta el intento de comunicarla (art. 7.1), como lo hace cualquier reclamación extrajudicial del acreedor (art. 1973 del Código Civil).

Lo que arriesga el deudor que no contesta

El tribunal debe tener en cuenta la colaboración de cada parte en la negociación al decidir sobre las costas (art. 7.4), y la Ley de Enjuiciamiento Civil lo concreta en reglas que favorecen al acreedor diligente. Si el deudor rehusó negociar, la empresa que lo invitó queda exenta de la condena en costas, salvo abuso del servicio público de Justicia (art. 394.4). Y si el deudor no acudió sin causa justificada y, ya demandado, se allana (acepta la reclamación), se le condena en costas salvo circunstancias excepcionales (art. 395.3).

La regla funciona en las dos direcciones: si es el deudor quien propone negociar y el acreedor lo rechaza sin justa causa, puede quedarse sin costas a su favor aunque gane el pleito (art. 394.1).

El proceso monitorio

El monitorio es la vía habitual para reclamar facturas: el juzgado requiere de pago al deudor y, si no paga ni se opone en veinte días, el acreedor puede pedir la ejecución (arts. 812, 815 y 816 LEC). La ley no aclara si el intento de negociación debe acompañar ya a la petición monitoria, que técnicamente no es una demanda. Pero el requisito se exige en los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y entre las excepciones figura el juicio cambiario, que comparte título con el monitorio, pero no el monitorio (art. 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025).

Hay además una razón práctica. Si el deudor se opone y la deuda supera los 15.000 euros, el límite del juicio verbal (art. 250.2 LEC), el acreedor tiene un mes para presentar la demanda de juicio ordinario, o el proceso se archiva con costas a su cargo (art. 818.2 LEC). Esa demanda sí debe acompañar el intento de negociación, y un mes deja muy poco margen para empezarlo entonces. Lo prudente es haberlo intentado antes de la petición monitoria.

Cuándo no hace falta

No es necesario el intento previo para el juicio cambiario, la vía de las deudas documentadas en un pagaré, un cheque o una letra de cambio (art. 5.2.h de la Ley Orgánica 1/2025). Tampoco para presentar una demanda ejecutiva (basada en un título que ya permite ejecutar, como una escritura pública), pedir medidas cautelares antes de la demanda o diligencias preliminares, ni para el monitorio europeo o el proceso europeo de escasa cuantía (art. 5.3).

Un ejemplo

Una empresa de mantenimiento industrial tiene pendientes de cobro dos facturas de 9.200 euros cada una, vencidas en junio, de un cliente que no responde a los recordatorios. El 10 de noviembre de 2026 el cliente recibe un burofax con certificación de texto y acuse de recibo que identifica las dos facturas, con sus intereses de demora y la indemnización por costes de cobro, y le invita a negociar el pago. En un envío separado recibe una propuesta para pagarlas en tres plazos.

Si el 10 de diciembre no ha contestado, la negociación se tiene por terminada sin acuerdo, y la empresa puede presentar la petición monitoria o la demanda hasta el 10 de noviembre de 2027, con el burofax de invitación y su acuse de recibo, pero no la propuesta. Como la deuda supera los 15.000 euros, si el cliente se opusiera al monitorio la empresa tendría un mes para demandar en juicio ordinario, y el requisito ya estaría cumplido. Y si una tercera factura estuviera documentada en un pagaré devuelto, podría reclamarse por la vía cambiaria sin el intento previo.

Qué conviene hacer

La carta de reclamación ha cambiado de función: ya no es solo un aviso al deudor, sino el documento que abre la vía judicial, y si se llega a juicio la leerá el juez. Conviene que identifique todas las facturas pendientes con su importe, que invite expresamente a negociar con un plazo de respuesta, que se envíe por un medio que acredite recepción y contenido y que deje las concesiones para un escrito aparte. También conviene anotar la fecha de recepción para controlar los treinta días y el año, y cuidar el tono: una invitación razonable deja en peor posición al deudor que no contesta.

Con los clientes habituales, prever en el contrato el medio para las comunicaciones y un pagaré o un reconocimiento de deuda para los pagos aplazados facilita la reclamación de impagos si algún día hace falta. Los plazos de cobro entre empresas están reunidos en la guía de plazos legales.

Normativa citada

  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia: arts. 3.2, 5, 6.2, 7, 9, 10, 12.3, 13.2, 14 y 17
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 250.2, 264.4.º, 394, 395, 399.3, 403.2, 812, 815, 816 y 818.2
  • Código Civil: art. 1973
  • Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: arts. 7 y 8

Comprobado en textos consolidados del BOE, 15 de octubre de 2026. Contenido informativo actualizado a 15 de octubre de 2026. No sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.

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